Magistrados en Mozambique Buscan Soluciones para la Gestión de Delitos Ambientales

Enero 04, 2019
Magistrados en Mozambique Buscan Soluciones para la Gestión de Delitos Ambientales

La Asamblea de la República de Mozambique aprobó en 2017 una ley de conservación que impone penas más estrictas a los criminales de vida silvestre. Sin embargo, quedan vacíos en el procesamiento y en la adjudicación de estos delitos.

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Los jueces y fiscales a menudo carecen de una suficiente comprensión del manejo de los delitos contra la vida silvestre, lo que a menudo conduce a un manejo ineficiente de los casos de delitos contra la vida silvestre. Al reunir a los magistrados locales de la región sur de Mozambique para un taller de un día de duración el 13 de julio, el Centro de Formación Jurídica y del Sistema Judicial, y la Procuraduría General de la República, en colaboración con el Grupo ICCF, están trabajando para capacitar a los procuradores principalmente, quienes son los responsables del manejo de los casos de delitos contra la vida silvestre en primera instancia, mediante el involucramiento con expertos en delitos contra la vida silvestre para discutir posibles soluciones a los desafíos que actualmente frenan los enjuiciamientos relacionados con la vida silvestre en Mozambique.

Con una rica biodiversidad y una gran cantidad de recursos naturales, Mozambique tiene el desafío de proteger su vida silvestre de la caza furtiva, el tráfico ilegal y las especies amenazadas. La presencia continua de cazadores furtivos y el uso de sofisticadas tácticas de matanza son obstáculos importantes para los esfuerzos de conservación del Gobierno de Mozambique. La Ley de Áreas de Conservación de Mozambique, modificada recientemente en 2017, implementó multas severas y penas de prisión de 12 a 16 años para los infractores a la vida silvestre. Sin embargo, los tribunales de distrito locales han aplicado la ley de manera inefectiva e inconsistente.

Además de informar a los fiscales y jueces que trabajan en los puntos críticos de delitos contra la vida silvestre en los actuales marcos judiciales y legislativos para delitos relacionados con la caza ilegal, el envenenamiento de la vida silvestre, la invasión ilegal y la posesión ilegal de trofeos de vida silvestre, el taller del 13 de julio tuvo como objetivo involucrar a los magistrados en una serie de temas, que incluyen cómo construir casos efectivos de delitos contra la vida silvestre mediante la  calidad de planeación y la colaboración con las autoridades. Recopilar y evaluar pruebas de manera adecuada, colaborar con las autoridades y los testigos, y una discusión cuidadosa de las decisiones de las sentencias de los tribunales puede llevar a una mayor coherencia entre los distritos.

A partir de este taller, el Grupo ICCF está trabajando junto con los jueces y fiscales participantes para elaborar una hoja de ruta judicial, que describa un plan de acción para mejorar el enjuiciamiento de los delitos contra la vida silvestre en Mozambique.

El Grupo ICCF está trabajando por el continente africano con Space for Giants, Stop Ivory y expertos legales de los Estados Unidos y Europa para fortalecer la capacidad de las autoridades fiscales y del poder judicial para combatir el tráfico de vida silvestre. Comenzando con los programas regionales y trabajando con jueces a nivel nacional y altos funcionarios gubernamentales en 16 países, el Grupo ICCF ha brindado herramientas y estrategias para fortalecer la aplicación de los marcos legales existentes, mejorar la coordinación tanto a nivel nacional como regional, y utilizar recursos y asociaciones disponibles para combatir el tráfico de vida silvestre. El Grupo ICCF facilitó una serie de talleres regionales realizados en África oriental, meridional y central, respectivamente, entre 2015 y 2017, y ahora está trabajando en los niveles nacional y local de los países de estas regiones, incluido Gabón y Mozambique, para proporcionar a esos funcionarios, que la mayoría de las veces tratan los casos de delitos contra la vida silvestre, con las mismas herramientas y recursos para mejorar su capacidad de aplicar efectivamente las leyes contra la caza furtiva y la trata de personas.

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